Decreto de Urgencia 013-2020 – Título IV: Normas que regulan y supervisan la actividad del financiamiento participativo financiero

El Título IV del DU regula el Crowdfunding financiero o financiamiento participativo financiero (“FPF”), así como a las sociedades administradoras de plataformas de FPF (“Sociedades Administradoras”).

El FPF es definido como la actividad en la que, a través de una plataforma (e.g., portal web, aplicación informática o cualquier otro medio de comunicación electrónico o digital), se pone en contacto a receptores (personas naturales domiciliadas o personas jurídicas constituidas en el país solicitan financiamiento a nombre propio) con inversionistas (pluralidad de personas naturales, jurídicas o entes colectivos que buscan retorno financiero).

Sobre este punto, consideramos necesario que la reglamentación que desarrolle la Superintendencia del Mercado de Valores (“SMV”) distinga claramente aquellos modelos de negocio donde la plataforma de Crowdfunding canaliza los fondos desde los prestamistas/inversionistas hacia los prestatarios/emisores (con los consiguientes riesgos en materia de continuidad de negocio, pérdida de dinero de clientes en escenarios de quiebra o embargos, LAFT, entre otros), de aquéllos modelos de negocio en que el desembolso del financiamiento ocurre en forma directa entre los prestamistas y los prestatarios.

Cabe señalar que la norma excluye expresamente su aplicación a las actividades de personas jurídicas que, a través de una plataforma, pongan en contacto:

  1. Demandantes de fondos destinados al financiamiento de proyectos con pluralidad de ofertantes, que no persigan obtener retorno financiero.
    1. Único demandante y ofertante de fondos que busca obtener o cuando se realice con recursos propios de aquellas empresas gestoras de un medio de comunicación electrónico o digital.

El DU reconoce y regula dos modalidades de FPP:(i) valores representativos de capital y/o deuda; y, (ii) préstamos; aunque deja abierta la posibilidad de que la SMV regule otras modalidades.

La Superintendencia del Mercado de Valores (“SMV”) es designada como la entidad reguladora a cargo de reglamentar el FPF, incluyendo modalidades, causales de intervención, servicios, requisitos, condiciones, límites por receptor y/o inversionista, así como deberes, prohibiciones e infracciones de las Sociedades Administradoras.

Las Sociedades Administradoras Sociedad anónima autorizada por la SMV, cuyo giro es la administración de plataformas. En el caso de FPF de préstamos, se requerirá opinión favorable de la SBS previa a la autorización de la SMV. La denominación “Sociedad Administradora” o similares es exclusiva para aquellas entidades autorizadas.

Las Sociedades Administradoras deberán cumplir con capital mínimo y su patrimonio neto no puede ser inferior al monto del capital mínimo. Adicionalmente, las Sociedades Administradoras están sujetas al cumplimiento de obligaciones en materia PLAFT.

Entre los servicios que obligatoriamente deberán brindar las Sociedades Administradoras, se encuentran: (i) proveer infraestructura, sistemas y servicios para materializar las operaciones; (ii) permitir conexión entre receptores e inversionistas después; (iii) recibir, seleccionar y publicar proyectos de FPF, velando por el mejor interés de los receptores e inversionistas; e, (iv) identificar y clasificar riesgos de los receptores y de los proyectos de FPF. Adicionalmente, podrán ejercer proceso de cobranza de obligaciones asumidas por los receptores.

El diseño regulatorio del Título IV – tal como se había advertido respecto del Proyecto de Ley que quedó encarpetado en el Congreso anterior- es uno de marco conceptual general, dejando los detalles específicos a la reglamentación que deberá desarrollar la SMV. Ello lo consideramos positivo, en tanto el regulador está en mejor posición para recoger permanentemente evidencia de la experiencia y, de ser el caso, aplicar correctivos o mejoras a la regulación. Una legislación excesivamente detallista –como sucedió, por ejemplo, con la ley española de crowdfunding- reduce el margen de actuación del regulador y es más difícil y largo el proceso de su modificación.

La SMV tiene seis meses para reglamentar la norma; no obstante, el Título IV entrará en vigencia a los noventa días de su publicación. Por ende, resulta algo difícil de entender cómo en la práctica se aplicará la ley, si a su entrada en vigencia no existe el reglamento que detalle varias de las obligaciones, prohibiciones, montos, requerimientos y plazos necesarios para llenar de contenido el marco normativo de las FPF.

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